La llegada de internet ha supuesto la puesta en marcha de una serie de plataformas que consiguen cosas que parecían impensables y que por ello han revolucionado diversos sectores.
Estas plataformas facilitan enormemente la puesta en contacto entre oferta y demanda, lo que permite la entrada de muchos operadores en los mercados.
Como ejemplo tenemos Airbnb, que pone en contacto personas que quieren viajar a una ciudad con personas que tiene habitaciones libres en esa ciudad y que pueden alquilarlas. O Uber que pone en contacto gente que quiere desplazarse con otra gente que puede llevarles.
Y estos son solo algunos ejemplos de una tendencia imparable y que, como no podía ser de otra manera, ha llegado también al sector financiero.
Las plataformas de crowdfunding –cuya regulación se analiza en este artículo– ponen en contacto a ahorradores con personas/empresas que necesitan financiación actuando de mero mediador, pero el usuario está prestando directamente a la empresa final.
La diferencia principal con un banco es precisamente esa. Cuando nosotros hacemos un depósito o dejamos el dinero en cuenta corriente en el banco, aunque sepamos que el banco cogerá ese dinero y lo prestará a terceros, quien nos lo tiene que devolver a nosotros es el banco, que es a quien nosotros se lo hemos prestado.
En el caso del crowdfunding, a la plataforma no podremos reclamarle nada, sino que a quien tendremos que reclamar el importe, llegado el momento, es a aquel a quien le hemos realizado el préstamo.
Es por ello que la ley lo que pretende es proteger a los ahorradores de posibles abusos y para ello pone unas condiciones bastante estrictas.
Lo que pasa es que quizás se haya pasado de frenada y haya condiciones que parecen estar pensadas más para limitar el tamaño de este mercado –como el límite de captación de fondos a las empresas– que para proteger al consumidor. Es decir, algunas parecen estar más pensadas para proteger el negocio de los bancos, que para proteger a los usuarios de esta modalidad.
Para ello, creo que habría sido mucho más efectivo obligar a las plataformas a informar de forma clara sobre los riesgos de estas operaciones y obligarlas a ser, en cierta medida, responsables de la puntuación que otorgan a los créditos, para asegurar que realizan un buen análisis de crédito.
En definitiva, el crowdfunding tiene ventajas e inconvenientes para los ahorradores.
Entre las primeras encontramos la obtención de una rentabilidad superior, una enorme facilidad de uso y la posibilidad de diversificar nuestro riesgo entre distintos créditos.
Pero no todo son ventajas, pues no podemos perder de vista que se trata de una inversión con un riesgo que, dependiendo de la solvencia de la empresa a la que estemos prestando el dinero, puede llegar a ser muy elevado y en el que deberíamos invertir conscientes de la posibilidad de perder nuestro dinero.
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